América mía

Apenas comenzó, el siglo XXI parecía que nos dejaba inmunes a uno de los males mayores de las democracias latinoamericanas: el golpe de Estado. Más no fue así, esta extraña enfermedad latinoamericana, que comenzara allá por 1908 en Venezuela, y que tendría su derrotero más violento en la década de 1970 con las experiencias chilenas y argentinas, volvió a despertar en el nuevo siglo.
En el año 2000, dos países vecinos, Perú y Ecuador, vivieron asonadas militares que en el último de los casos determinó el fin del gobierno de Jamil Mahuad. Dos años después, los sucesos de abril en las calles de Caracas, Venezuela, un fallido golpe de Estado en el que se mezclaron viejos ritos de intervención de Embajadas y hasta funcionarios de otro país contra un gobierno populista. En 2004, el país más pobre de nuestro continente, Haití, expulsaba definitivamente del gobierno al clérigo que había sido presidente 3 veces antes, ya que con ese personaje en el gobierno era imposible lograr la pacificación de la isla, y la comunidad internacional abogó por dicha solución. Un año más tarde, el general del ejército peruano, hermano del que había intentado derrocar a Fujimori en 2000, hace lo propio contra Alejandro Toledo y otra vez, fracasa en su intento.
En noviembre de ese mismo año (2005) el Partido Liberal de Honduras (PLH), gana las elecciones presidenciales por un escaso margen, unos 75 mil votos y consagra presidente electo a Manuel Zelaya Rosales, por un período de cuatro años. Este hijo de terratenientes y empresario agroforestal, cimentó su fortuna gracias a las explotaciones agrícolas y madereras de su familia. Familia que no escapó a los escándalos, ya que en 1975 en una finca de su propiedad, fueron hallados los cuerpos de 15 personas, dos sacerdotes extranjeros y trece campesinos que fueron asesinados por sicarios que respondían al gobierno golpista del Gral. Juan Alberto Melgar Castro.
“Mel” como es conocido, se dedicó a la ganadería y la actividad maderera los que lo llevó a convertirse en 1987 en directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. En sus comienzos de carrera política en las filas del PLH, participó en el decenio de 1980 en una facción de este partido que propugnaba la vuelta a la democracia pero mantenía deferencia con los militares.
En 1985 fue electo diputado por la facción Azconista (en referencia a José Simón Azcona Hoyo, presidente) dentro del PLH. Y veinte años después llegó a la presidencia como ya lo vimos.
En 2006, apenas asumido declara la emergencia energética en el país, ante la aparente quiebra de la Empresa Nacional de la Energía Eléctrica con pérdidas económicas millonarias. Con este pretexto, Zelaya abrió un concurso internacional para la importación de hidrocarburos, al que no se presentaron las multinacionales Exxon, Shell y Texaco, pero sí lo hizo la venezolana PDV, la que de la mano de Petrocaribe logró una forma de compra de carburantes a crédito con el pago del 50% y la otra parte pagada en 25 años con el 1% de interés con la oportunidad de invertir una parte del capital ahorrado en proyectos de inversión social. A Zelaya se lo vio participando entonces de las cumbres de la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) junto a Chávez, Ortega y Castro, lo que crispó los nervios de la oposición y algunos antiguos seguidores como Roberto Micheletti.
En la década de 1980, Honduras había sido plataforma de lanzamiento para la “Contra” nicaragüense, pero en los albores del nuevo siglo se había pasado al bando chavista, y esto resultó mala palabra para el gobierno estadounidense de Bush, quien decretó el visado obligatorio para los hondureños.
El mandato de Zelaya debía vencer en 2010. Quizás en sus giras por Venezuela le picó el bichito de la permanencia vitalicia en el poder y así convocó a un plebiscito para el pasado 28 de junio, en el que la población debía decidir si se reformaba la Constitución para habilitar la reelección presidencial.
No dejaron que dicho plebiscito se llevara a cabo. Tras unas jornadas de tensión, en la madrugada del domingo 28, un grupo de militares entró por la fuerza a la mansión de Zelaya, lo privaron de su libertad y lo dispusieron en un avión hacia Costa Rica, destino final de su exilio provisorio. El golpe se había dado en Honduras.
Una supuesta carta de renuncia firmada por Zelaya es leída en el Congreso hondureño, por lo que Micheletti fue nombrado presidente interino y tanto desde la Justicia nacional como de la Legislatura condenaron a Zelaya como traidor a la patria por crímenes contra la Constitución por intentar llevar a cabo su desairado referéndum, además de acusarlo de abuso de autoridad, usurpación de funciones y delitos contra la forma de gobierno.
Ya desde Costa Rica, el depuesto Presidente llama a la desobediencia pacífica contra los golpistas y acude a la condena internacional del golpe militar. El 30 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por aclamación condena el golpe cívico-militar y la deposición de Zelaya. Además demanda la inmediata e incondicional restauración del Gobierno y que el presidente concluya el mandato para el que fue electo democráticamente.
Algunos mandatarios internacionales también condenaron el golpe.
El presidente de EE.UU., Barack Obama, pidió "respeto a las normas democráticas" y la resolución de las disputas a través de un "diálogo libre de interferencia exterior". Obama solicitó "a todos los actores políticos y sociales que respeten las normas democráticas, el imperio de la ley y los fundamentos de la Carta Democrática Interamericana". Los gobiernos europeos de España, Francia e Italia retiraron a sus Embajadores, y la Unión Europea aplazó las negociaciones con Centroamérica por la crisis en Honduras. El gobierno argentino suspendió la cooperación técnica y militar con el ejército hondureño.
Se creía que el jueves 2 de julio, Zelaya iba a regresar a suelo de su país, secundado por un grupo de altos mandatarios latinoamericanos y por el Secretario General de la OEA, Miguel Insulza, quién declaró que no va a Honduras "a negociar", sino a "pedirles que cambien lo que han estado haciendo ahora y encuentren maneras de retornar a la normalidad". Insulza subrayó que la comunidad internacional "ha hecho prácticamente todo lo que podía hacer" para reclamar la restitución de Zelaya y advirtió de la posibilidad de sanciones contra Honduras si no acata la resolución de la OEA aprobada el pasado miércoles, que da un ultimátum de 72 horas al nuevo Gobierno para restablecer el orden institucional.
Sin embargo el movimiento reivindicador no tuvo lugar, y sólo Insulza llegó a la convulsionada Tegucigalpa. El presidente interino Micheletti aduce que convocará a elecciones para el próximo 29 de noviembre, pero reitera que si “Mel” vuelve al país será detenido y juzgado por los cargos que se le imputan. Tanto telón internacional de fondo reclamando la reasunción de Zelaya parece que fue en vano. La solución de la crisis política en Honduras recién empieza a dar sus primeros pasos. El tiempo dirá el resto.