Antiguas como el mundo civilizado, las posesiones coloniales vuelven a ser noticia en el siglo XXI. Y otra vez Gran Bretaña protagonista, mas no en las gélidas aguas del Atlántico Sur sino en las cálidas del Mediterráneo.
Gibraltar, un pequeño territorio de 6,8 kilómetros cuadrados es la puerta de entrada al Mar Mediterráneo y por ello Gran Bretaña la ocupó hace más de 300 años. De España solo está separado por una frontera seca, conocida como “la verja”, que durante mucho tiempo estuvo cerrada a los habitantes ibéricos, incluso a aquellos que trabajan del otro lado.
España y Gran Bretaña, socios en la Unión Europea y en la OTAN, reclaman soberanía sobre esta estrecha península. Y esta semana protagonizaron un hecho histórico y polémico.
Ocupado por una fuerza anglo-holandesa en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española, fue cedida por el Tratado de Utrecht de 1713 por perpetuidad a Gran Bretaña, con una cláusula que alegaba de que si algún día dejara de ser un dominio británico, podría España recuperarlo.
La dictadura del Generalísimo Francisco Franco en la década de 1940 instaló en el escenario internacional la reclamación de soberanía española sobre Gibraltar, y ya en Naciones Unidas en los años sesenta, la Roca (como la llaman los ingleses) pasó a completar la lista de territorios con disputas soberanas que trata el Comité de descolonización de la Organización Internacional.
La postura española, de sentar en la mesa de las negociaciones por la soberanía del Peñón a Gran Bretaña, tuvo su eco en reiteradas Resoluciones del mencionado Comité, en los años de 1965, 1966, 1967, 1968, 1973 y 1974. Sin embargo el Imperio Colonial británico desoyó estas resoluciones, de manera similar a lo que hiciera con las Islas Malvinas, elevando el rango de Gibraltar como Territorio de Ultramar británico en 1969, fomentando la autodeterminación de los pueblos para alejarlo así de las discusiones de descolonización.
El reconocimiento británico como territorio de ultramar hizo que España cerrara todas las comunicaciones terrestres con Gibraltar hasta entrados los años ochenta. Justamente después de la guerra del Atlántico Sur en 1982, Gran Bretaña reconoce a los gibraltareños como ciudadanos de la Unión Europea y un año después les permite registrarse también como ciudadanos del reino británico.
Con la llegada de la democracia, los gobiernos de ambos países iniciaron un proceso de acercamiento, que desembocó en la Declaración de Lisboa, firmada el 10 de abril de 1980, en la que ambas partes se proponían resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la ONU.
El siguiente impulso vino de la Declaración de Bruselas, firmada por los ministros de exteriores británico y español, Sir Geoffrey Howe y Fernando Morán, el 27 de noviembre de 1984, por la que acordaban establecer un nuevo proceso negociador, que se abrió al año siguiente.
En 2001 los Cancilleres de ambos gobiernos plantearon la posibilidad de un acuerdo final sobre el tema de la soberanía hacia fines del 2002, incluso Gran Bretaña llegó a reconocer la posibilidad de una soberanía compartida. Pero hacia mitad de ese año, las negociaciones se empantanaron nuevamente.
Con la llegada de Rodríguez Zapatero al gobierno español y de Miguel Ángel Moratinos al Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2004, acuerdan con Jack Straw (el Canciller de Tony Blair) una agenda abierta de negociaciones donde el gobierno británico logra incorporar al gobierno local gibraltareño con voz propia. En 2006, este foro tripartito logra avances en las comunicaciones aéreas y terrestres entre España y Gibraltar. Y en noviembre del mismo año, el gobierno de Gibraltar aprueba una nueva constitución en la que tiene más capacidades y una justicia más independiente, aún cuando las relaciones exteriores y la defensa sigue en manos de Gran Bretaña.
El Tratado de Lisboa, el que establece la nueva Constitución europea, exceptúa a Gibraltar como ámbito de aplicación de las normas comunitarias, por tanto no existe el euro como moneda de curso legal ni se aplica la política agrícola comunitaria. Gibraltar es un territorio europeo pero cuyas relaciones exteriores son responsabilidad de un Estado miembro. En síntesis, está pero no está.
Esta semana, Moratinos realizó una visita al Peñón donde estrechó la mano del Ministro gibraltareño Peter Caruana, en el marco de la tercera reunión del foro tripartito. Es la primera vez que un alto funcionario del gobierno español visita la zona en disputa, y esto fue carne de cañón para la oposición del Partido Popular, que la considera un retroceso en la reclamación de soberanía española sobre Gibraltar.
Moratinos dijo que "la soberanía la trataremos en su momento, cuando creamos que las condiciones son las más apropiadas y cuando sea más beneficioso para avanzar seriamente en la conclusión del problema", ya que este tema es “permanente e irrenunciable” y que sólo se llegará a una solución a través de la cooperación y el diálogo.
El tema de la soberanía de la “Roca” parece recalentarse al son del verano europeo, y en España hablan de traición al reclamo tricentenario. El futuro de estos territorios, resabios de un pasado colonial, parecen encaminarse en el diálogo, no sin algunas oposiciones. No obstante, nuevamente Gran Bretaña esquiva las resoluciones de la ONU con viejos artilugios de un tiempo que ya no es.
Gibraltar, un pequeño territorio de 6,8 kilómetros cuadrados es la puerta de entrada al Mar Mediterráneo y por ello Gran Bretaña la ocupó hace más de 300 años. De España solo está separado por una frontera seca, conocida como “la verja”, que durante mucho tiempo estuvo cerrada a los habitantes ibéricos, incluso a aquellos que trabajan del otro lado.
España y Gran Bretaña, socios en la Unión Europea y en la OTAN, reclaman soberanía sobre esta estrecha península. Y esta semana protagonizaron un hecho histórico y polémico.
Ocupado por una fuerza anglo-holandesa en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española, fue cedida por el Tratado de Utrecht de 1713 por perpetuidad a Gran Bretaña, con una cláusula que alegaba de que si algún día dejara de ser un dominio británico, podría España recuperarlo.
La dictadura del Generalísimo Francisco Franco en la década de 1940 instaló en el escenario internacional la reclamación de soberanía española sobre Gibraltar, y ya en Naciones Unidas en los años sesenta, la Roca (como la llaman los ingleses) pasó a completar la lista de territorios con disputas soberanas que trata el Comité de descolonización de la Organización Internacional.
La postura española, de sentar en la mesa de las negociaciones por la soberanía del Peñón a Gran Bretaña, tuvo su eco en reiteradas Resoluciones del mencionado Comité, en los años de 1965, 1966, 1967, 1968, 1973 y 1974. Sin embargo el Imperio Colonial británico desoyó estas resoluciones, de manera similar a lo que hiciera con las Islas Malvinas, elevando el rango de Gibraltar como Territorio de Ultramar británico en 1969, fomentando la autodeterminación de los pueblos para alejarlo así de las discusiones de descolonización.
El reconocimiento británico como territorio de ultramar hizo que España cerrara todas las comunicaciones terrestres con Gibraltar hasta entrados los años ochenta. Justamente después de la guerra del Atlántico Sur en 1982, Gran Bretaña reconoce a los gibraltareños como ciudadanos de la Unión Europea y un año después les permite registrarse también como ciudadanos del reino británico.
Con la llegada de la democracia, los gobiernos de ambos países iniciaron un proceso de acercamiento, que desembocó en la Declaración de Lisboa, firmada el 10 de abril de 1980, en la que ambas partes se proponían resolver el problema de Gibraltar en un espíritu de amistad y de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la ONU.
El siguiente impulso vino de la Declaración de Bruselas, firmada por los ministros de exteriores británico y español, Sir Geoffrey Howe y Fernando Morán, el 27 de noviembre de 1984, por la que acordaban establecer un nuevo proceso negociador, que se abrió al año siguiente.
En 2001 los Cancilleres de ambos gobiernos plantearon la posibilidad de un acuerdo final sobre el tema de la soberanía hacia fines del 2002, incluso Gran Bretaña llegó a reconocer la posibilidad de una soberanía compartida. Pero hacia mitad de ese año, las negociaciones se empantanaron nuevamente.
Con la llegada de Rodríguez Zapatero al gobierno español y de Miguel Ángel Moratinos al Ministerio de Asuntos Exteriores, en 2004, acuerdan con Jack Straw (el Canciller de Tony Blair) una agenda abierta de negociaciones donde el gobierno británico logra incorporar al gobierno local gibraltareño con voz propia. En 2006, este foro tripartito logra avances en las comunicaciones aéreas y terrestres entre España y Gibraltar. Y en noviembre del mismo año, el gobierno de Gibraltar aprueba una nueva constitución en la que tiene más capacidades y una justicia más independiente, aún cuando las relaciones exteriores y la defensa sigue en manos de Gran Bretaña.
El Tratado de Lisboa, el que establece la nueva Constitución europea, exceptúa a Gibraltar como ámbito de aplicación de las normas comunitarias, por tanto no existe el euro como moneda de curso legal ni se aplica la política agrícola comunitaria. Gibraltar es un territorio europeo pero cuyas relaciones exteriores son responsabilidad de un Estado miembro. En síntesis, está pero no está.
Esta semana, Moratinos realizó una visita al Peñón donde estrechó la mano del Ministro gibraltareño Peter Caruana, en el marco de la tercera reunión del foro tripartito. Es la primera vez que un alto funcionario del gobierno español visita la zona en disputa, y esto fue carne de cañón para la oposición del Partido Popular, que la considera un retroceso en la reclamación de soberanía española sobre Gibraltar.
Moratinos dijo que "la soberanía la trataremos en su momento, cuando creamos que las condiciones son las más apropiadas y cuando sea más beneficioso para avanzar seriamente en la conclusión del problema", ya que este tema es “permanente e irrenunciable” y que sólo se llegará a una solución a través de la cooperación y el diálogo.
El tema de la soberanía de la “Roca” parece recalentarse al son del verano europeo, y en España hablan de traición al reclamo tricentenario. El futuro de estos territorios, resabios de un pasado colonial, parecen encaminarse en el diálogo, no sin algunas oposiciones. No obstante, nuevamente Gran Bretaña esquiva las resoluciones de la ONU con viejos artilugios de un tiempo que ya no es.
Artículo publicado en Observanto
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